Se busca garantizar la continuidad laboral de mujeres en situación de violencia que recurren a licencias por enfermedad o psiquiátricas para justificar su ausencia. Pretenden visibilizar la problemática y facilitar las denuncias
Las Comisión de Asuntos Constitucionales junto con la de Legislación General de la Cámara de Diputados, presididas por los justicialistas Diego Lara y Rosario Romero, respectivamente, comenzaron a trabajar sobre un proyecto que instituye en el ámbito provincial la licencia laboral por violencia de género.
La iniciativa va destinada a las trabajadoras dependientes de la Administración Publica Provincial centralizada, descentralizadas y entes autárquicos y docentes dependientes del CGE, con la incorporación al Régimen Jurídico Básico de la violencia de género entre las causales de licencia laboral.
“El proyecto responde a la imperiosa e impostergable necesidad, expresada por los diferentes sectores de nuestra sociedad, especialmente por el gremio docente, de establecer una normativa que contemple la licencia por violencia de género y garantice la continuidad laboral de aquellas trabajadoras que se encuentran en situación de violencia”, señaló Lara, autor de la iniciativa que tiene como coautores a las diputadas Romero, Leticia Angerosa y Emilce Pross.
En el texto se indica la responsabilidad del Estado, en tanto empleador, sobre esa situación. “La desigualdad y violencia que sufren las mujeres también se revela cuando una trabajadora en situación de violencia de género tiene que recurrir a licencias por enfermedad o psiquiátricas para justificar su ausencia al lugar de trabajo. Así, se invisibiliza esta problemática, lo que en muchos casos dificulta el proceso de denuncia de las mujeres”, alega.
Por eso se propone incorporar “la licencia laboral por violencia de género destinada a todas las trabajadoras dependientes de la administración pública provincial centralizada, descentralizada y entes autárquicos y docentes dependientes del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, que sean víctimas de violencia de género” para “garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras del sector público provincial y docentes dependientes del Consejo General de Educación de la provincia que se encuentren en situación de violencia de género”.
La nueva licencia con goce de haberes se propone por un plazo máximo de 20 días corridos por año calendario, continuos o discontinuos. Se da la posibilidad de extenderla por 20 días más con goce del 50 por ciento de los haberes.
La iniciativa dispone que los agentes que sean víctimas de violencia de género y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo, de forma total o parcial, deberán presentar la “debida certificación emitida por los servicios públicos y oficiales de atención y asistencia a las víctimas, que evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia con percepción de sus haberes”.
También se le otorga al “personal víctima de violencia de género” el derecho a la “reducción de la jornada y/o el reordenamiento del tiempo de trabajo y/o el cambio de lugar del mismo, mediante la certificación pertinente que así lo acredite”.
Se propone que la licencia entre en vigencia a partir de la comunicación de la situación de violencia ante las autoridades del área en la que el agente presta servicios y se da un plazo de 48 horas hábiles para presentar una “certificación emitida por el organismo o dependencia administrativa y/o judicial con competencia para la atención y asistencia a las mujeres en situación de violencia”.
“Una vez efectuada la comunicación de la licencia al empleador, éste procurará preservar el derecho a la intimidad de la trabajadora que padeciere violencia de género”, ordena el proyecto.
